El Gobierno Nacional anunció la prohibición de tratamientos de cambio de género para menores de 18 años. La medida, que abarca tratamientos hormonales, cirugías y cualquier intervención médica orientada a la transición de género. Esto ha generado una ola de protestas y fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, colectivos LGBTQ+, y diversos sectores de la sociedad civil. La prohibición se oficializó a través de un decreto que modifica dos artículos de la Ley de Identidad de Género N° 26.743.
La justificación oficial del gobierno se centra en la supuesta falta de madurez de los menores para tomar decisiones médicas irreversibles que podrían afectar su desarrollo físico y psicológico a largo plazo. “Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental”, se lee en el texto difundido por la Oficina del Presidente sobre este aspecto. Sin embargo, críticos argumentan que esta justificación ignora la evidencia científica que demuestra la necesidad y el beneficio de estas intervenciones para la salud mental de muchos jóvenes transgénero.
La prohibición no solo afecta los tratamientos médicos, sino que también impacta el sistema penitenciario. El decreto establece que la asignación de género en prisión se determinará por el sexo registrado al momento del arresto, impidiendo traslados basados en cambios de género posteriores. Esta medida ha sido calificada como discriminatoria y una violación de los derechos de los reclusos transgénero. «El sistema actual se convirtió en una herramienta para que esas personas condenadas incluso por violencia a las mujeres puedan volver a cometer delitos aberrantes cuyas víctimas también son mujeres”, ejemplificó Adorni.
La medida ha desatado una fuerte reacción social. Organizaciones como han anunciado movilizaciones y acciones legales para impugnar la ley, argumentando que viola los derechos humanos fundamentales de los menores transgénero y sus familias. “Los anuncios de hoy sobre la Ley de Identidad de Género no tienen ningún respaldo. Existen protocolos locales, provinciales, nacionales y regionales sobre cómo acompañar a la niñez trans”, expresó, vía la red X, Thiago Leis, coordinador del Observatorio de Instituciones Políticas del Instituto Moisés Lebensohn. “Todo lo que hacen es usar prejuicios para dividirnos –continuó–. Y lo peor: atacan a una de las poblaciones más vulnerables. Las personas trans merecen respeto, acompañamiento y empatía”. El debate se centra en la autonomía corporal, el derecho a la salud y la discriminación contra la comunidad LGBTQ+. Se espera un largo proceso legal y un debate social intenso en los próximos meses.