Tras reunirse en la Casa de Salta con el ministro del Interior, Diego Santilli, y otros gobernadores, el mandatario salteño, Gustavo Sáenz, condicionó su acompañamiento a la ley de modernización laboral a que su aplicación no perjudique a las provincias ni a los sindicatos.
Según advirtió, de no introducirse cambios, la implementación de la ley podría afectar gravemente las finanzas provinciales, con una pérdida estimada de casi 80.000 millones de pesos. “Estamos buscando alternativas para no seguir perdiendo recursos que son de la provincia y que necesitamos para resolver los problemas de nuestra gente”, señaló.
«Es una ley que es necesaria, pero hay que hacerla bien»
En ese sentido, adelantó que se plantearon medidas para compensar los posibles impactos de la ley, incluyendo el uso de impuestos como el de cheques. “Siempre hemos acompañado y garantizado la gobernabilidad, pero nunca podemos afectar los intereses de nuestra provincia”, afirmó.
«No podemos seguir resignando fondos»
Por último, aseguró que el espíritu de la ley es importante, pero debe implementarse de manera que contemple las realidades locales y proteja los recursos provinciales, a la vez que pidió mayor comprosmio a los legisladores. «No están para votar a libro cerrado, sino para estudiar y mejorar la ley. La verdadera virtud es buscar el equilibrio», concluyó.