Un importante número de abogados puso el grito en el cielo por un nuevo convenio que la Caja de Seguridad Social del sector firmó con el Instituto Provincial de Salud de Salta y que se considera perjudicial para matriculados afiliados a la obra social provincial y sus grupos familiares.
El conflicto, que empezó a mover acciones de amparos en distintos distritos judiciales y que ya tiene dictada una medida cautelar, se originó por la eliminación de la cobertura familiar pautada en el anterior convenio y su reemplazo por un esquema de afiliación individual, traducido en un encarecimiento exponencial de las cuotas.
Abogados no solo decidieron hacer públicos sus cuestionamientos, sino que en Salta y en otras localidades del interior como Metán interpusieron acciones de amparo en las que advirtieron que el encarecimiento de las cuotas de afiliación, de hasta un 400% y incluso más en función de la cantidad de hijos, podría dejar sin asistencia a familias con niños o personas con discapacidad.
Acuerdo cerrado
El malestar creció cuando abogados afiliados al IPS tomaron conocimiento de que la Caja llamó a una reunión en septiembre, para informar las nuevas condiciones que tendría la afiliación, con el acuerdo ya cerrado con el IPS en agosto. Así lo señaló Roberto Teseyra, uno de los abogados que interpusieron amparos. Teseyra aclaró
que «nadie desearía tener que litigar contra su propia Caja de Seguridad Social», pero remarcó que la situación planteada por el nuevo acuerdo «es tan insostenible y paradójica que hoy hasta podría resultar más conveniente para un abogado afiliarse a la obra social sin la intermediación institucional» de la entidad previsional en la que están integrados con aportes personales de carácter obligatorio.
Medida cautelar
Días atrás, en respuesta a la acción de amparo que Teseyra interpuso con el acompañamiento de otros colegas, la Sala 3 del Tribunal de Impugnación de Salta dictó una medida cautelar con la que ordenó a las partes del acuerdo objetado abstenerse de modificar las condiciones de afiliación preexistentes para el afiliado titular y su grupo familiar. Mientras la Justicia se encamina a resolver la cuestión de fondo, a ese amparo ya empezaron a adherir otros abogados afiliados al IPS que se encuentran en semejante situación junto a sus grupos familiares.
Los cuestionamientos y fastidio de matriculados no se limita solo al seno de la Caja, sino también del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, porque no son pocos los que sienten que no se los representó como hubiera sido deseable. Ante los reclamos, el Colegio se abstuvo de iniciar una acción colectiva, lo que obligó a abogados a recurrir a la Justicia con amparos individuales. Aún se desconoce a ciencia cierta cuántos son los abogados que están afiliados junto a sus grupos familiares, pero la cantidad de personas afectados se estiman en cientos.
Cuestionamientos para la Caja
En los expedientes judiciales se exponen situaciones críticas que afectan a afiliados de larga trayectoria. La crisis no sólo es jurídica, sino también institucional: se cuestiona a la Caja, que fue creada para proteger a abogados, de haber firmado un convenio sin poner sus condiciones en un debate previo que garantice un amplio e informado consentimiento. Y con respecto al Colegio, se cuestiona que reaccionó tarde y sin el compromiso que letrados afectados hubieran deseado encontrar en el foro.
El conflicto expone tensiones institucionales profundas y una pérdida de confianza entre los profesionales y sus entidades representativas. Mientras tanto, la Justicia provincial deberá resolver si restablece la cobertura familiar o enfrentada a la masa de abogados afiliada al IPS a la situación de desamparo expuesta.
Qué dijo la Caja de Seguridad Social
El pasado 29 de septiembre, la Caja de Seguridad Social para Abogados publicó en su sitio un parte sobre el nuevo acuerdo con el IPS.
La entidad previsional que preside Julia Toyos señaló que el anterior convenio con la obra social provincial «se encontraba caído desde el 13 de julio de 2022. Tras la llegada del actual Consejo de Administración se llevaron a cabo diferentes reuniones para buscar una solución debido a que los afiliados empadronados podían haber perdido la cobertura por la falta de renovación», informó, y agregó: «El avance para la firma de un nuevo convenio se demoró debido a la Intervención del organismo».
El Consejo de Administración de la Caja sostuvo que convenio anterior «solamente incluía a 234 afiliados entre activos y pasivos. De los 147 activos, 23 mantienen deuda de aportes personales», afirmó en ese momento.
«Montos atrasados»
También sostuvo que el convenio caído «tenía montos atrasados que eran dispares a los que se manejan en el mercado: Afiliado activo sin grupo familiar abonaba en promedio $23.000 (en el último año el aumento fue de $6.000). Afiliado activo con grupo familiar abonaba en promedio $46.000 (en el último año el aumento fue de $6.000). Afiliado pasivo abonaba el 50% del monto», detalló.
El Consejo de la Caja añadió que, «a pesar de los montos atrasados que mantenía el convenio vencido, desde el IPSS se respetó el padrón que mantenía el beneficio con la condición de firmar un nuevo convenio con el interventor, para evitar la baja del mismo. Los afiliados que querían sumarse al IPSS a través de la Caja, no podían hacerlo porque el padrón estaba cerrado», describió.
Desde la Caja se afirmó que «el nuevo convenio firmado por el actual Consejo de Administración: Mantiene las preexistencias a los afiliados que venían con IPSS. Aumenta el número de beneficios que tenían con el IPSS, al de cualquier empleado público. Los afiliados pasivos que tenían IPSS continuarán con el descuento del 50%. Con el nuevo convenio más de 4.000 afiliados, podrán acceder al IPSS».