Gonzalo Guzmán Coraita, candidato a senador nacional en segundo término por La Libertad Avanza presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y/o peculado, tras observar el traslado de mercadería al despacho de la diputada provincial Mónica Juárez, en el edificio anexo de la Cámara de Diputados de Salta.
Según el escrito, el denunciante declaró haber presenciado personalmente el hecho el 20 de octubre de 2025, alrededor de las 10.15, cuando varias personas ingresaban cajas y bolsas al despacho de la legisladora, ubicado en calle Alvarado 621. Una de esas personas le habría informado que la mercadería provenía del Ministerio de Desarrollo Social y estaba destinada a ser distribuida por la diputada «en merenderos».
Guzmán Coraita acompañó la denuncia con fotografías tomadas en el lugar, y calificó el hecho como «llamativo y grave», por involucrar recursos públicos administrados por una dependencia provincial. «Resulta llamativo que el Ministerio de Desarrollo Social remita a una diputada provincial mercaderías y le encomiende su distribución directa a merenderos», expresa en el texto.
El denunciante consideró que los hechos podrían encuadrar en los artículos 260 y 261 del Código Penal, que contemplan penas por el uso indebido o sustracción de bienes públicos, y subrayó que el episodio ocurrió «en pleno proceso electoral», lo que —dijo— «amerita la urgente intervención del Ministerio Público Fiscal».
Pidió que se adopten medidas urgentes
En su presentación, el denunciante pidió que se adopten medidas urgentes, entre ellas el allanamiento de las oficinas y depósitos del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de secuestar documentación relativa al origen, destino y distribución de las mercaderías enviadas a legisladores o a la Cámara de Diputados y Senadores.
Finalmente, solicitó que se inicie una investigación penal preparatoria para determinar la eventual responsabilidad penal de los funcionarios o legisladores involucrados, y que se tomen medidas preventivas para «evitar la continuidad y reiteración de los hechos denunciados».
La denuncia, firmada por Guzmán Coraita con domicilio procesal en España al 300, concluye con la petición formal de que el Ministerio Público actúe «con carácter de urgencia» dada la posible utilización de bienes estatales con fines ajenos a su destino legal.
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