De las revelaciones dadas ayer por el fiscal general Carlos Amad, a cargo del caso, fuentes judiciales dan prácticamente por seguro que habría numerosas imputaciones penales. Algunas, podría superar los 10 años de prisión.
El fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo de la investigación que se lleva adelante por el otorgamiento irregular de más de diez mil pensiones no contributivas por discapacidad, en la localidad de Joaquín V. González, dio a conocer detalles del caso a los que accedió InformateSalta.
Reveló que, hasta el momento, hay 22 personas investigadas y no descartó que ese número sea aún mayor. Por otra parte, informó que se realizaron ya 17 allanamientos, tanto a oficinas públicas, como las de ANSES, hospitales y varios inmuebles particulares.
De uno de ellos, casualmente, se secuestró una suma de 8 millones de pesos, dinero que podría estar relacionado con ganancias espurias a costa de una red de implicados en el otorgamiento masivo de pensiones, a partir de documentos médicos adulterados.
En ese marco, sostuvo que existe una gran cantidad de evidencias que está bajo análisis, como así también se lleva adelante la pericia de varios teléfonos, también secuestrados en los numerosos allanamientos realizados, la mayoría de ellos, en esa localidad del sur provincial.
Estas revelaciones fueron expuestas en el marco de una audiencia celebrada ante la jueza federal de Garantías, Mariela Giménez, quien atendió un pedido realizado por el abogado defensor de dos de los 22 investigados, quienes pedían tener acceso al legajo de investigación.
El letrado se quejó por el secreto del proceso penal que impera en el caso, lo que fue corregido por el fiscal, pues bajo el sistema acusatorio ya no existe esa denominación, pues el Ministerio Público Fiscal está facultado para investigar sin comunicar al afectado.
Además, dejó en claro que el acceso a la información del legajo requerido por la defensa, está reservado para después de la audiencia de formalización de la imputación penal, instancias que aún no está prevista por la fiscalía, dada la gran cantidad de pericias que están en curso. No obstante, el fiscal accedió a compartir la información básica del caso, según lo establecido por el Código Procesal Penal Federal.
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A propósito, informó que la investigación surgió a partir de detectar maniobras de presunto fraude similares a la que dicho fiscal investiga en una causa penal abierta en la localidad chaqueña de Taco Pozo, en la jurisdicción de Roque Sáenz Peña, donde el fiscal actúa en calidad de subrogante.
En ese caso, el fiscal inició la investigación en febrero del 2023, la que derivó en un pedido de procesamiento contra 14 imputados, el 10 de octubre pasado, muchos de ellos funcionarios públicos, incluido el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez.
En esa causa, la fiscalía imputó varios delitos, entre ellos, defraudación a la Administración Pública, incumplimiento de deberes de funcionario, falsedad ideológica y asociación ilícita. En función de ello, no se descarta que varias de estas figuras penales se repitan en el caso que se investiga en Salta.
