La referencia es a los que participaron de la negociación del proyecto porque el ciudadano común deberá determinar en qué lugar se ubica.
La iniciativa del presidente Javier Milei reconoce los objetivos de dinamizar el mercado de trabajo, reducir la litigiosidad y promover la formalización del empleo. Presentada como un proyecto de modernización, en el discurso público del oficialismo se insistió en la antigüedad de la normativa vigente para organizar las relaciones de trabajo. El proyecto original avanzó sobre distintos aspectos, incluso invadiendo otros ámbitos -como el fiscal- y obligando a advertir sobre el riesgo de judicialización de la ley en debate.
Tras una extensa sesión de más de 14 horas, se develaron muchos aspectos de las negociaciones que el Gobierno nacional capitaliza como un logro aunque en 60 días tuvo que ceder más de lo que pretendía. Dentro del oficialismo hay quienes tuvieron más razones para celebrar, a diferencia de aquellos que fueron desairados por sus propuestas extremadamente desreguladores, demostrando que el diálogo y la voluntad de acordar rinden más que la imposición. La media sanción es de un proyecto que tuvo grandes modificaciones y no como resultado del debate parlamentario.
Precisamente, los aportes que prosperaron fueron aquellos que tenían como contrapartida la gobernabilidad. Es que la actual administración sigue registrando los efectos de su debilidad legislativa -apenas corregida en los comicios de octubre pasado- y territorial, por la falta de gobernadores propios. De allí que son los mandatarios los que aparecen como ganadores natos de las negociaciones y no porque estén convencidos que la ley en trámite es la solución a los problemas más profundos de las provincias que conducen. La decisión de eliminar la proyectada reducción del 30% al 27% la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas, les salvó la caja y ello tiene gran importancia. En el caso de Salta, si hubiese prosperado esa disposición, significaba una pérdida de 60 mil millones de pesos en sus recursos coparticipables.
También ganó la burocracia sindical porque puso a resguardo la caja que administra una dirigencia escasamente democrática. Se mantendrán los aportes patronales del 6% a las obras sociales y continuará vigente el aporte solidario sindical. El resto es problema de los trabajadores, la mitad de los cuales pertenecen al sector informal.
Otro sector ganador es el sistema bancario. La pretensión de las fintech de ser parte del sistema de pago de sueldos, quedó postergada por ahora. La reforma mantiene la obligación de cumplir con el pago mediante acreditación bancaria; la cuenta sueldo seguirá habilitada en bancos controlados y regulados por el Banco Central. Las billeteras virtuales deberán esperar pero las negociaciones continúan.
Las propuestas que siguen en carrera son las que plantean redefiniciones de aspectos estructurales de la Ley de Contrato de Trabajo. Es el caso de indemnizaciones, regímenes voluntarios para ordenar la jornada de trabajo, límites en créditos laborales, licencias por enfermedad, prelación en los convenios a reconocer, entre otras cuestiones esenciales. También se prevé un Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, para promover la creación de puestos de trabajo.
La iniciativa fue acompañada por el voto favorable de los tres senadores salteños. La voz del gobernador Gustavo Sáenz -facilitador de la sanción- se escuchó a través de Flavia Royón, de Todos por Salta, quien reconoció la necesidad de un plan económico amplio que incluya estabilidad y desarrollo territorial. Se ubicó en un punto intermedio entre los que señalan que esta reforma va a resolver los problemas del empleo en Argentina y los que aseguran que va a destruir puestos de trabajo.
De ahora en más le quedará al mandatario la tarea de recomponer la relación con la representación institucional de los trabajadores. Por lo menos, si la reconoce como tal.
Salta, 12 de febrero de 2026