Hoy se celebra el Día del Periodista. La fecha, 7 de junio, indica por sí misma la dimensión del reconocimiento a la tarea de informar a los ciudadanos sobre lo que ocurre en su país, en su ciudad y en el mundo. A menos de dos semanas de haberse instaurado como el primer Gobierno patrio, la Primera Junta dispuso a creación de un periódico para aquel pueblo que quería «saber de qué se trata».
La Gazeta de Buenos Ayres comenzó a circular el 7 de junio de 1810. La figura central del medio fue Mariano Moreno, un ferviente defensor de la libertad de expresión y del derecho a la información. Pero también debe incluirse a un periodista e intelectual brillante, como el secretario de la Junta, Manuel Belgrano, quien había sido una pluma de enorme peso en El Telégrafo Mercantil (1801-02) y redactor principal del Correo de Comercio (1810-11).
El primer número de este medio inaugural del periodismo argentino es categórico acerca del valor de la opinión pública: «El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes ( ), no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal».
Esa fue la razón de ser del diario. Una prueba inequívoca de que el derecho a la información, a la mirada analítica y crítica de la conducta de los gobernantes y a la libertad de expresión son inherentes al espíritu de la Nación que estaba naciendo.
Ese mismo principio, que ubica a la información como un derecho ciudadano, está inequívocamente consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados Internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional destacando especialmente el Pacto de San José de Costa Rica.
En los 216 años de historia argentina, la libertad de prensa ha sido un derecho indiscutido, con garantías legales para el trabajo del periodismo, incluidos el secreto de las fuentes y la prohibición de cualquier tipo de censura.
Obviamente, las dictaduras, por su misma naturaleza, han convertido en abstracto ese conjunto de derechos, ya que sus conductas han sido siempre inconfesables.
Pero, incluso, estando vigente el sistema electoral, muchos gobernantes frágiles, y sobre todo, corruptos, se han ensañado contra el periodismo profesional.
Tanto los teóricos de izquierda como de derecha coinciden en atacar y agraviar a los periodistas, y a sostener teorías conspirativas ante cada hecho irregular que involucra al poder. Pese a la multiplicidad de medios de prensa y a la diversidad de opiniones, los ideólogos siguen hablando de los medios profesionales (y, por eso, los que más credibilidad ofrecen), como «intereses concentrados».
Claro, la verdad es muy dura, a veces, y resulta más fácil para el déspota «matar al mensajero». Las denuncias de «lawfare», que es la supuesta complicidad de la Justicia y los medios para condenar a funcionarios, no es más que un intento de disfrazar la corrupción.
La contraofensiva de los gobiernos no está solo en los agravios y descalificaciones, sino que apelan, a través de las redes, a difundir noticias falsas, o al recurso de la «posverdad», que es una mentira intencional, que apela a la emocionalidad para ocultar los hechos.
El periodismo profesional es imprescindible para la democracia, porque contribuye a la formación del pensamiento crítico. Los países democráticos y socialmente equilibrados resguardan la labor periodística profesional. Al mismo tiempo, todos los países que han cercenado la libertad de prensa, de opinión y de expresión se convirtieron en dictaduras. Cuba, Nicaragua y Venezuela son ejemplos cercanos y recientes. Y, además, son estados fallidos.
La cuarta revolución industrial pone en crisis a la democracia y a la información verdadera. El gran desafío es preservar el derecho a la información fundada y verdadera y al pensamiento crítico, una condición inherente a la dignidad humana.