A pocos días de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, en Salta ya fueron registradas 67 denuncias que involucran a menores de edad. El dato fue informado por el doctor Carlos Flores, defensor penal juvenil, durante un diálogo con El Tribuno, en el que analizó el impacto inicial de la nueva normativa, el tratamiento de las causas y la necesidad de reforzar las tareas de prevención en las escuelas y en la comunidad.
Flores aclaró que, por el momento, el impacto de la aplicación de la ley en la provincia fue bajo. “Recién han transcurrido algunos días desde su entrada en vigencia y no se nota todavía un incremento en sí de la cantidad de causas, y menos de las causas a las que nos dan intervención a esta defensoría penal juvenil”, explicó.
Según detalló, las 67 denuncias fueron registradas entre el 5 y el 17 de septiembre y se encuentran todavía en una etapa preliminar de investigación. El ingreso de los casos se produce inicialmente a través de las fiscalías penales, que son los organismos encargados de investigar los hechos.
“De información que pude recabar de un relevamiento, ingresaron hasta el momento desde el 5 de septiembre hasta el 17 de septiembre, o sea, hasta el día de la fecha, 67 denuncias que involucran a menores de edad”, señaló el defensor. Y aclaró que se trata de causas que recién comienzan a ser analizadas.
Una primera evaluación de cada denuncia
Flores explicó que no todas las denuncias avanzan de la misma manera ni llegan necesariamente a la Defensoría Penal Juvenil. En una primera instancia se analiza la gravedad y la relevancia de cada caso, para determinar qué camino procesal corresponde seguir.
“De allí se tiene que hacer una selección, se analiza la gravedad, la relevancia del caso. Por ahí son cuestiones simples en las que se va a buscar algún mecanismo alternativo y no todas llegan a la defensoría. Algunas también se tramitan con la intervención de un abogado particular”, indicó.
En cambio, los hechos considerados graves requieren una intervención más rápida de la defensa especializada. En ese sentido, confirmó que ya intervienen en una causa por un delito de abuso sexual, al que definió como el hecho de mayor gravedad entre los casos que llegaron hasta el momento a su conocimiento.
“Las causas graves sí ameritan la intervención casi inmediata y, de hecho, nos dieron intervención en una de esas causas. Era un hecho bastante grave donde ya tomamos intervención y está en proceso de tramitación la IPP, que es la etapa de investigación preliminar”, explicó.
La investigación penal preparatoria IPP constituye la primera etapa del proceso y permite reunir elementos, tomar declaraciones y determinar cómo continúa la causa.
Los tiempos dependen del desarrollo de cada caso
Consultado sobre cuánto puede durar esta primera fase y cuáles son las etapas posteriores, Flores señaló que los tiempos dependen de la evolución de cada expediente y de la participación de las personas involucradas.
“Depende de cómo se desarrollen los acontecimientos”, sostuvo. Explicó que en algunos casos se cita a la víctima, pero puede ocurrir que no concurra y deba ser convocada nuevamente. Lo mismo puede suceder con la persona imputada, que puede no presentarse a la primera citación.
“A veces se cita a la persona que es la víctima y no concurre, entonces se la vuelve a citar, y a veces hasta dos o tres veces. Después lo mismo acontece con el imputado. A veces no concurre, entonces se hacen una o dos citaciones”, detalló.
A partir de esas actuaciones, la fiscalía y los organismos intervinientes evalúan si corresponde continuar con la investigación, avanzar en la causa o recurrir a algún mecanismo alternativo de resolución del conflicto.
La mayoría de los casos corresponde a Salta Capital
De acuerdo con la información que pudo reunir el defensor, la mayoría de las 67 denuncias registradas hasta el momento corresponde a Salta Capital y al distrito Centro, que incluye localidades y zonas cercanas que se encuentran bajo la jurisdicción de fiscalías con asiento en la capital.
Sin embargo, Flores aclaró que todavía no cuenta con información precisa sobre el tipo de delitos que comprenden las restantes denuncias, debido a que muchas de ellas continúan en la etapa inicial y aún no fueron derivadas a la defensoría.
“Por lo que tengo conocimiento, sí son la mayoría de Salta Capital y del distrito Centro, que son las zonas aledañas a la capital que también tienen jurisdicción de la fiscalía. Pero no tengo el dato del tipo de delitos, porque a nosotros todavía no nos han dado intervención. Recién se está en una etapa preliminar”, explicó.
La situación en Salta y la suspensión inicial en Buenos Aires
Durante la entrevista, Flores también se refirió a la decisión judicial que había suspendido temporalmente la aplicación de la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. La medida había sido dictada a partir de una acción presentada ante un juzgado penal juvenil de Lomas de Zamora.
El defensor consideró que las realidades de ambas provincias son diferentes. Según explicó, el fundamento de la jueza bonaerense estuvo relacionado con la falta de condiciones adecuadas en los institutos de alojamiento especializados para menores.
“Entiendo que las realidades son distintas, por cuanto el fundamento de la jueza estaba dado en que no se reunían las condiciones en los institutos de alojamiento especializados conforme lo establece la ley”, indicó.
Flores sostuvo que esa situación no se replica en Salta, donde según afirmó los institutos especializados para la detención de menores ya fueron acondicionados. “Esa no es la situación que se presenta en nuestra provincia, donde ya están acondicionados los institutos especializados para la detención de los chicos menores de edad”, remarcó.
De todos modos, aclaró que la Cámara de Casación dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la normativa en Buenos Aires, por lo que actualmente la ley se encuentra nuevamente vigente en ese territorio.
El trabajo de prevención en las escuelas
Más allá del tratamiento judicial de las causas, Flores destacó que uno de los principales objetivos debe ser la prevención. En ese sentido, señaló que desde la Defensoría General se instruyó a las defensorías penales juveniles para que desarrollen actividades de concientización y capacitación en instituciones educativas.
El eje está puesto en advertirles a los chicos y adolescentes que determinadas conductas que pueden ser tomadas como una broma, una travesura o un comentario sin importancia pueden tener consecuencias legales.
“Básicamente, lo que se busca es una tarea de concientización para prevenir que hechos que muchas veces son vistos como travesuras, como una broma o como una ‘avivada’, no se lleguen a concretar, porque después tienen consecuencias judiciales”, expresó.
El funcionario indicó que esas actividades ya comenzaron y que durante la próxima semana participará de encuentros en dos escuelas de General Güemes.
“Desde la Defensoría General se nos ha instruido para que desde las defensorías penales juveniles, juntamente también con el acompañamiento de otros defensores oficiales, se realicen tareas de concientización y capacitación en los distintos institutos educativos. Ya se ha comenzado con esa tarea”, manifestó.
Y agregó: “La otra semana se va a hacer en dos escuelas de la localidad de General Güemes, donde me toca concurrir, precisamente para buscar la concientización en los niños y en los jóvenes”.
El objetivo de esas charlas es explicar que una conducta aparentemente menor puede adquirir relevancia jurídica, especialmente en el nuevo escenario establecido por la ley y la reducción de la edad de punibilidad. “A lo mejor, un hecho que para ellos no tiene relevancia sí puede tener consecuencias jurídicas, y más con la nueva ley, con la baja de la edad de la punibilidad”, advirtió.
Flores consideró también que las acciones de concientización ya realizadas podrían haber generado una mayor alarma o prudencia entre los adolescentes. “A lo mejor también la tarea que ya se viene realizando de concientización ha despertado algún tipo de alarma en los chicos y están un poco más resguardados en ese aspecto”, señaló.
Cómo se abordan las amenazas en las escuelas
Ante la consulta sobre qué ocurriría frente a una amenaza en una institución educativa, el defensor penal juvenil sostuvo que se trata de situaciones que deben ser abordadas con especial cautela.
“Las amenazas a la escuela son hechos sobre los cuales se tiene mucha cautela a la hora del abordaje, porque algunas veces empiezan como simples amenazas y se han dado casos donde se ha avanzado en provocar algún daño a algunas personas, incluso con resultados fatales”, explicó.
Por ese motivo, consideró que no se debe minimizar ninguna advertencia, aunque inicialmente parezca una broma o una expresión realizada sin intención concreta. A su entender, el abordaje debe ser interdisciplinario e incluir a profesionales de la salud. “Son situaciones delicadas que deben abordarse de manera interdisciplinaria, con equipos de profesionales de la salud que acompañen, para tratar de entender la situación”, afirmó.
Sin embargo, insistió en que la principal herramienta debe ser la prevención. Explicó que, cuando se recibe una amenaza, el sistema activa todas las precauciones necesarias para evitar que aquello que fue anunciado llegue a concretarse.
“Sobre todo, lo que se busca es prevenir y evitar que pasen estas situaciones a través de la concientización. A lo mejor se hace por ligereza algún tipo de amenaza a la escuela como una broma, pero por la gravedad que puede tener, el sistema empieza a actuar y toma todas las precauciones para que no pase en la práctica lo que se amenaza”, sostuvo.
El rol de las familias, docentes y entrenadores
Flores pidió que toda la comunidad se involucre en las tareas de prevención y concientización. Remarcó que la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones judiciales o educativas, sino también en las familias, los docentes y quienes acompañan a los jóvenes en otros espacios. “Es importante que desde la comunidad se colabore en esta tarea de concientización”, afirmó.
En ese sentido, mencionó a los padres, profesores, preparadores y asistentes de equipos deportivos, además de quienes trabajan en gimnasios y otros ámbitos frecuentados por adolescentes.“Cada padre tiene que hablar con sus hijos. Los profesores, los preparadores o asistentes de los equipos deportivos en los gimnasios: todos tienen que participar en la recomendación a los niños y a los jóvenes de que traten de no meterse en problemas”, expresó.
Finalmente, pidió que los adolescentes piensen cuidadosamente antes de realizar una conducta que pueda derivar en una causa judicial. “Que lo piensen dos veces antes de cometer algún hecho que después pueda traer consecuencias que muchas veces son bastante complejas”, finalizó.