La iniciativa, impulsada por los diputados Jorge de la Zerda y Luis Fernando Albeza, junto al senador Gonzalo Caro Dávalos, surge en un contexto de máxima tensión social tras la muerte de Tomás Sotero Alancay, el niño de 5 años atropellado, un hecho que derivó en protestas, disturbios y fuertes cuestionamientos a la gestión municipal.
El texto se apoya en el artículo 179 de la Constitución provincial, que habilita la intervención de municipios ante situaciones de “crisis o gravedad institucional”.
En concreto, el proyecto establece que el intendente cesará en su cargo desde la entrada en vigencia de la ley y que el Poder Ejecutivo designará un comisionado interventor con plenas facultades hasta que asuma una nueva autoridad electa en 2027.
Una crisis previa que se agravó con el caso
Según los fundamentos, la intervención no responde únicamente al hecho que conmocionó a la comunidad, sino a un proceso previo de deterioro institucional.
Entre los antecedentes se menciona una causa judicial iniciada en 2024 contra el intendente por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, lo que ya había generado cuestionamientos sobre la gestión.
A esto se suma una creciente conflictividad política interna, tensiones con el Concejo Deliberante y reclamos vecinales por problemas estructurales que, según el proyecto, fueron erosionando la gobernabilidad del municipio.
El impacto de la muerte de Tomás
El proyecto incorpora como elemento clave el escenario generado tras la muerte del niño, que actuó como detonante de la crisis.
El hecho ocurrió cuando el menor fue embestido por una camioneta vinculada al entorno del intendente, conducida por un empleado municipal sin licencia, lo que agravó la indignación social y derivó en una causa por homicidio culposo.
A partir de allí, se desató una fuerte reacción vecinal: protestas frente a la Municipalidad, cortes de ruta, quema de cubiertas y enfrentamientos con la policía, con heridos y detenidos.
Incluso se registraron intentos de irrupción en el edificio municipal y la necesidad de reforzar la seguridad, en un clima de ruptura del orden institucional.
Pérdida de autoridad y ruptura social
Los legisladores sostienen que estos hechos evidencian una “crisis de autoridad” del Ejecutivo municipal y una ruptura del vínculo entre el gobierno local y la comunidad.
El documento aclara que la intervención no busca reemplazar a la Justicia ni determinar responsabilidades penales, sino restablecer el funcionamiento del Estado municipal en un contexto donde —afirman— ya no es posible ejercer el gobierno con normalidad.
Una medida excepcional
Los autores del proyecto -de la Zerda, Albeza y Caro Dávalos- reconocen que intervenir un municipio implica una decisión extrema dentro del sistema democrático, ya que afecta la autonomía local.
Sin embargo, sostienen que frente a una crisis institucional profunda, la intervención se vuelve una herramienta “necesaria” para restablecer el orden, garantizar los servicios y encaminar una transición hacia nuevas autoridades elegidas por el voto.
En ese marco, el pedido de intervención aparece como la respuesta política a un escenario atravesado por el dolor, la bronca social y un fuerte cuestionamiento al poder municipal tras la muerte de Tomás.