La Municipalidad de Orán llevó adelante un importante procedimiento de eliminación de elementos prohibidos para la circulación vial. La actividad consistió en la destrucción de 131 caños de escape ruidosos que habían sido incautados en diversos operativos de control vehicular realizados en distintos puntos de la ciudad. La medida busca dar una respuesta concreta a una de las problemáticas que más afecta la convivencia urbana y el bienestar de los vecinos.
El procedimiento contó con la supervisión directa del intendente Baltasar Lara Gros, quien estuvo acompañado por el director de Tránsito, Horacio Pereira. La presencia de las autoridades máximas del municipio subraya la relevancia que la gestión otorga al cumplimiento de las normas de convivencia y al control de la contaminación sonora.
En total, se contabilizaron 131 dispositivos de escape adulterados. Según detallaron las autoridades, los elementos destruidos presentaban diversas características, encontrándose piezas nuevas, usadas y otras denominadas de alta gama. Todos estos dispositivos habían sido retirados de motocicletas tras constatarse, mediante los controles correspondientes, que generaban niveles de ruido significativamente por encima de los límites permitidos por la legislación local vigente.
El método utilizado para la destrucción fue el empleo de maquinaria pesada. Los caños de escape fueron organizados en filas dentro del predio para que, posteriormente, una pala excavadora pasara sobre ellos. La presión ejercida por la maquinaria dejó los dispositivos completamente inutilizados. Desde el municipio explicaron que esta modalidad asegura que los elementos no puedan ser recuperados ni vuelvan a circular, garantizando así la efectividad de la sanción y la protección del entorno acústico de la ciudad.
Durante el desarrollo de la jornada, el intendente Lara Gros brindó precisiones sobre el sustento legal de la medida.
Explicó que la acción no responde a criterios subjetivos, sino al estricto cumplimiento de una ordenanza emanada del Concejo Deliberante. Dicha normativa regula de manera específica los decibeles permitidos para cada tipo de vehículo y prohíbe taxativamente la alteración o reemplazo del sistema de escape original por dispositivos que incrementen el nivel de ruido.
El jefe comunal también hizo hincapié en el perfil de los infractores y en el costo económico de estos accesorios. Señaló que muchos de los caños destruidos tienen valores que superan los 200 mil pesos, lo que demuestra que existe una intención deliberada de modificar los vehículos para generar ruidos molestos. En sus declaraciones, Lara Gros destacó que existe un reclamo constante y legítimo por parte de la comunidad, especialmente de aquellos sectores más vulnerables como las personas con sensibilidad acústica, adultos mayores y ciudadanos con discapacidad, quienes ven alterada su salud y tranquilidad por estas conductas.
Finalmente, se informó que el municipio mantiene un registro estricto de cada elemento incautado mediante actas e inventarios detallados. Como parte del protocolo de regularización, los propietarios de motocicletas retenidas por esta falta solo pueden recuperar sus vehículos una vez que retiran el escape adulterado, lo entregan para su destrucción y colocan el sistema original. Las autoridades adelantaron que, además de los controles en calle, se intensificarán las inspecciones en los comercios locales que se dedican a la venta de este tipo de dispositivos prohibidos.