En un fuerte avance judicial que impacta de lleno en el Valle de Lerma, la Justicia dictó prisión preventiva para los siete imputados acusados de integrar una organización dedicada al robo de ganado, faena clandestina y comercialización ilegal de carne. La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino, a pedido del fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, quien sostiene la acusación.
La resolución se fundamenta en la gravedad de los hechos, los riesgos procesales de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, que continúa en curso y no descarta nuevas detenciones.
Los imputados fueron identificados como Agustín Rivero, Paola Chocobar, Raúl Rafael Aguirre (policía), Cristian Rodolfo Fernando Aguirre, Eduardo Alberto Aguirre (El Gordo), Rosario José Churquina (La Payasa) y Damián Alejandro Méndez. El apellido Aguirre aparece como eje central de la estructura, con vínculos que refuerzan la hipótesis de una organización con funcionamiento sostenido en el tiempo. En ese marco, la figura conocida como el “Gordo Aguirre” surge como uno de los nombres clave dentro de la red investigada.
La causa se inició tras reiteradas denuncias de productores rurales por el robo de animales en distintas fincas de la zona. A partir de tareas de análisis criminal, seguimiento de patrones delictivos e intervención de comunicaciones, se logró establecer el accionar de una banda con roles definidos y logística propia.
Según consta en el expediente, los acusados ingresaban a establecimientos rurales en horarios de baja circulación, sustraían bovinos y los faenaban en sectores alejados. Luego, la carne era transportada en vehículos utilizados por la organización e introducida en el circuito informal de comercialización, incluso en locales donde se detectaron productos sin control sanitario ni trazabilidad.
Durante los allanamientos simultáneos se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo, herramientas utilizadas para la faena, vehículos y carne de origen no acreditado. También se intervinieron comercios vinculados a la causa, donde se constató la venta de mercadería en condiciones irregulares.
Los siete imputados enfrentan cargos por asociación ilícita en concurso real con abigeato doblemente agravado, por haberse cometido en despoblado y en banda, además de infracciones a las normas sanitarias y de seguridad alimentaria.
Dos prófugos y un policía detenido y con preventiva
Además, la causa suma un dato de extrema gravedad institucional: uno de los integrantes de la organización es un efectivo de la policía rural, Raúl Rafael Aguirre, quien fue detenido, imputado, echado inmediatamente de la fuerza y también quedó con prisión preventiva, tras comprobarse que filtraba información clave para que la banda eludiera controles y operativos.
En paralelo, la investigación mantiene dos prófugos identificados como Luis Alberto Mendoza y Kevin Alejandro Quiroga, sobre quienes pesa pedido de detención y que forman parte del mismo entramado delictivo.
Con estos elementos, el expediente ya contabiliza siete detenidos con prisión preventiva, dos prófugos y un cuadro que refuerza la hipótesis de una estructura más amplia, aún bajo investigación.