La preocupación volvió a instalarse entre vecinos de las localidades de La Silleta y El Encón tras nuevas denuncias por derrames de guano sobre la ruta nacional 51 y calles internas de distintos barrios de la zona. Los reclamos apuntan al traslado de residuos provenientes de establecimientos avícolas que operan en el área y que, según sostienen los residentes, continúan funcionando en medio de cuestionamientos ambientales y administrativos.
Durante las últimas jornadas, habitantes del lugar reportaron el paso constante de camiones cargados con excrementos avícolas que, presuntamente, circularían sin las condiciones adecuadas de seguridad y cobertura.
Como consecuencia, parte de la carga terminó dispersa sobre el asfalto y en arterias urbanas, generando fuertes olores y malestar entre quienes viven en las inmediaciones.
La situación generó un clima de creciente tensión vecinal, especialmente porque el tema arrastra antecedentes desde hace varios años debido a las reiteradas denuncias por proliferación de moscas, olores intensos y posibles riesgos sanitarios asociados a la acumulación de residuos orgánicos.
En este contexto, los vecinos sostienen que una resolución emitida en 2023 por la Secretaría de Ambiente de la Provincia rechazó la habilitación ambiental de la avícola JFParis entre una de las actividades cuestionadas y recomendó al municipio de Campo Quijano avanzar con medidas de clausura.
Según explicaron, la resolución habría determinado que la actividad no cumplía con las exigencias previstas en la normativa ambiental vigente, particularmente en relación con el tratamiento y disposición de residuos.
A pesar de ello, denuncian que la actividad siguió sin problemas durante todo este tiempo y que ahora, al parecer por la presión vecinal y la resolución de Medio Ambiente incumplida, la avícola intenta por todos los medios desprenderse de esos desechos, para lo cual contrató flotas de camiones que derraman el excremento por las calles de la localidad.
El movimiento de camiones se intensificó durante los últimos días. De acuerdo con la versión aportada por vecinos de la zona, el municipio habría otorgado un plazo de diez días para regularizar la situación administrativa y ambiental. Mientras tanto, aseguran que siguieron realizándose tareas de retiro y traslado de guano desde la avícola.
La preocupación aumentó porque, según describieron, los derrames se producen tanto sobre la ruta 51 como en calles residenciales, dejando rastros visibles de residuos orgánicos y olores persistentes en sectores transitados diariamente por vecinos, estudiantes y trabajadores.
Algunos habitantes señalaron además que realizaron exposiciones policiales para solicitar la intervención de las autoridades competentes y reclamar mayores controles sobre los vehículos utilizados para el transporte de los residuos. También pidieron la aplicación de la Ley Provincial 7070 de Protección del Medio Ambiente.
Controles y una resolución de Medio Ambiente
Otro de los puntos que genera inquietud es la falta de información oficial sobre los controles realizados y sobre las condiciones en las que operan el establecimiento señalado. Los vecinos reclaman inspecciones más frecuentes y medidas concretas para evitar que continúe la dispersión de residuos y contaminación en la vía pública, pero además que se cumpla con la resolución prohibitiva emitida a mediados de octubre de 2023 por Medio Ambiente de la provincia.
En aquella resolución, la 187/23 del organismo ambiental se establece claramente la prohibición de desplegar este tipo de actividades e incluso se menciona aplicar «rifle sanitario» y el retiro de las instalaciones.
En paralelo, la situación reavivó un debate histórico en la zona vinculado al crecimiento de actividades avícolas en sectores próximos a áreas urbanizadas. En distintos momentos, residentes de La Silleta y El Encón ya habían advertido sobre problemas asociados a olores, presencia de insectos y manejo de residuos, planteos que incluso derivaron en reclamos administrativos y presentaciones formales ante organismos provinciales y municipales.
Ahora, con los nuevos episodios denunciados, la preocupación volvió a escalar. Mientras continúan las actuaciones administrativas y ambientales, los vecinos esperan definiciones sobre el futuro de las actividades cuestionadas y sobre las medidas que podrían adoptarse para reducir el impacto ambiental y sanitario en la zona.