El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, interpuso un recurso de apelación ante el Juzgado de Garantías 2 de ese distrito contra la resolución adoptada en audiencia flexible y multipropósito por el juez audiencista Ricardo Martoccia el pasado 11 de mayo, mediante la cual otorgó prisión domiciliaria a Jesús Alfredo Ortega y Sebastián Eduardo Reinaga, imputados por el homicidio de Federico Antonio Villagra, ocurrido el pasado 23 de noviembre en la localidad de Aguaray.
En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la decisión judicial fue adoptada sin contar con informes previos de factibilidad sobre los domicilios propuestos ni sobre las condiciones de control y monitoreo electrónico de las personas imputadas. Señaló además que uno de los domicilios se encuentra en Salvador Mazza, a escasos metros de la frontera con Bolivia, lo que —según afirmó— incrementa considerablemente el riesgo de fuga.
El fiscal también cuestionó que la medida haya sido concedida antes de contar con la evaluación de la Unidad de Arresto Domiciliario y Monitoreo Electrónico (UADME), organismo que informó dificultades operativas para realizar controles en esa zona fronteriza.
Entre los fundamentos de la oposición, Vega sostuvo que persisten los riesgos procesales que justificaron la prisión preventiva oportunamente solicitada, especialmente el peligro de entorpecimiento de la investigación. Indicó que aún restan declaraciones testimoniales y pericias genéticas pendientes, por lo que consideró que los imputados podrían influir sobre testigos o sustraerse del proceso.
Asimismo, Vega remarcó la gravedad del hecho investigado y describió conductas atribuidas a los acusados posteriores a la agresión sufrida por la víctima, las cuales —según expuso— evidencian violencia, desprecio por la vida y falta de apego a las normas, circunstancias que, a criterio de la Fiscalía, refuerzan el peligro de fuga y obstaculización.
Por otra parte, señala que la solicitud de revisión o morigeración de la prisión preventiva fue presentada únicamente por el abogado defensor de Jesús Alfredo Ortega y no por el representante legal del otro imputado. No obstante, Reinaga estuvo presente en la audiencia y el juez le hizo extensivo el beneficio, pese a que nunca había solicitado la revisión de su medida cautelar. Además, la prisión domiciliaria le fue concedida en un domicilio ubicado fuera de la jurisdicción de Tartagal.
Finalmente, solicitó que se revoque la modalidad de prisión domiciliaria y que ambos imputados sean trasladados nuevamente a un establecimiento penitenciario, al considerar que esa es la única medida eficaz para garantizar el sometimiento al proceso y preservar el normal avance de la investigación.