¿Quién pone el precio de la coca?”. La pregunta no surge de un funcionario ni de un comerciante, sino de Jorge, un lector de El Tribuno que decidió comunicarse con la redacción para dejar sentada una inquietud que, asegura, comparten miles de consumidores habituales en Salta. Se define como un “coquero viejo”, de esos que llevan décadas mascando hoja de coca y conocen de memoria las contradicciones, las paradojas y los silencios que rodean a un producto profundamente arraigado en el norte argentino.
Su bronca no apunta al consumo ni a la tradición. Tampoco pretende abrir un debate sobre la legalidad de la actividad comercial. Su enojo va por otro lado: el precio. “Los kioscos en Salta arman y desarman los valores a su antojo. Siempre te dicen lo mismo: ‘hay problemas en Bolivia’, pero nadie explica quién regula esto”, expresó con fastidio.
Lista de precio de una conocida casa de venta de hojas de coca
La gota que rebalsó el vaso llegó esta semana. Jorge contó que fue a comprar a una conocida franquicia de la ciudad y se encontró con nuevos valores que, según afirma, no paran de subir. De acuerdo con una lista de precios observada en un comercio salteño, las presentaciones más pequeñas rondan los $4.000 y $8.000, mientras que el octavo (1/8), una de las medidas más habituales, ya alcanza los $14.000. En tanto, el cuarto (1/4), figura a $27.000, mientras que el medio kilo (1/2 H) llega a los $54.000.
“Lo he llegado a ver hasta en 18 mil el octavo”, sostuvo el hombre, sorprendido por un incremento que, a su entender, no parece tener explicación clara. “¿Con qué criterio aumentan? ¿Quién los controla? ¿El que pasa la coca? ¿El distribuidor? Nadie sabe”, se preguntó.
La inquietud no es menor. En Salta, Jujuy y otras provincias del NOA, la hoja de coca forma parte de prácticas culturales, laborales y sociales de larga data. Sin embargo, el mercado se mueve en una zona gris difícil de explicar. La paradoja es evidente: el ingreso de hoja de coca al país está prohibido por la legislación nacional, salvo excepciones específicas vinculadas a zonas tradicionales de consumo, pero su comercialización interna existe, es visible y se desarrolla con naturalidad en cientos de locales.
En ese escenario, tampoco existe un precio regulado oficialmente. El valor termina dependiendo de múltiples factores: la disponibilidad del producto, costos de transporte, intermediarios, decomisos fronterizos, restricciones en Bolivia o Perú —principales países productores— y, sobre todo, la lógica de oferta y demanda. El problema, plantean consumidores como Jorge, es la falta de transparencia.
El hombre recordó que los aumentos comenzaron a sentirse con fuerza desde 2020, en plena pandemia. Desde entonces, asegura, el precio se disparó a niveles impensados. “La coca pasó a ser un lujo”, resumió, reflejando un malestar que crece entre consumidores habituales, especialmente trabajadores rurales, choferes y personas que mantienen la costumbre como parte de su vida cotidiana.
Mientras tanto, la pregunta sigue flotando en el aire: si nadie regula el precio y el mercado funciona en una especie de limbo legal, ¿quién decide cuánto vale hoy un puñado de hojas de coca en Salta?