La prevención de inundaciones en Cerrillos empieza a convertirse en una obligación que alcanza tanto a los propietarios de grandes extensiones de tierra, los conocidos finqueros, como a los responsables del mantenimiento de acequias y a los vecinos que arrojan residuos en estos espacios. El Concejo Deliberante aprobó y ya se encuentra vigente una ordenanza que establece mayores exigencias de limpieza y habilita la aplicación de multas frente a los incumplimientos.
La iniciativa, presentada por los concejales Néstor Ríos y Omar García, apunta a un problema que se repite en todo el Valle de Lerma. Es para los canales y acequias sin el mantenimiento adecuado, que desbordan y terminan sobre las rutas y caminos vecinales y sectores urbanos que quedan expuestos cuando las lluvias descargan grandes cantidades de agua en poco tiempo.
La preocupación es ante los pronósticos y las advertencias sobre la posible incidencia del fenómeno El Niño, que obligan a reforzar las medidas preventivas en toda la región. En Cerrillos, los barrios periféricos figuran entre los sectores que requieren especial atención por su exposición a los anegamientos y las dificultades que aparecen cuando el agua supera la capacidad de desagüe.
Cuatro limpiezas mínimas
«La ordenanza exige una mayor frecuencia en la limpieza de las acequias a los propietarios de fincas y a los responsables que correspondan, mediante la intervención de los consorcios de riego. Los trabajos se realizaban habitualmente dos veces al año, mientras que desde el Concejo se planteó la necesidad de elevar esa frecuencia a cuatro intervenciones anuales», explicó Ríos.
La intención es que las obligaciones no queden sujetas a las decisiones circunstanciales de quienes conducen los consorcios, el municipio o el Concejo Deliberante.
La normativa también contempla sanciones económicas para quienes no cumplan con las obligaciones establecidas y para los vecinos que arrojen residuos deliberadamente en esas acequias y otros espacios de circulación del agua. Muchas de estas instalaciones atraviesan terrenos privados, donde el municipio y otros organismos estatales no pueden intervenir libremente. Por eso, la ordenanza busca establecer responsabilidades concretas y generar mecanismos de intimación y control.
El agua sobre las rutas
Durante la presentación de los fundamentos de la iniciativa, se advirtió que el exceso de agua en algunos canales termina afectando la transitabilidad de la ruta nacional 68 y de distintos caminos vecinales. En esos casos, el agua que sale de su cauce puede deteriorar las calzadas y deshacer trabajos de reparación que realizan tanto el municipio como los propios productores.
«En sectores donde antes predominaban las fincas, el avance de los loteos y el crecimiento de la población modificaron la relación entre las áreas rurales y urbanas. Hay más familias viviendo en zonas que necesitan una adecuada conducción del agua, mientras que las acequias continúan cumpliendo una función fundamental para el drenaje y el riego», contó García. Los autores de la ordenanza señalaron que mantuvieron reuniones con representantes de los consorcios de riego para conocer las dificultades que enfrentan y discutir la frecuencia de los trabajos.