«Usura» (art. 175 bis del Código Penal), intermediación financiera no autorizada (prestar dinero sin estar autorizado como compañía financiera, previsto en el artículo 310 del C.P.) agravados ambos delitos por la difusión en diferentes medios de comunicación y plataformas digitales en los que se prometen préstamos «en el acto», «a sola firma», «fácil y sin tantas vueltas» .
El pedido de una investigación para determinar la posible comisión de delitos formulado a la justicia penal lo formalizó meses atrás la jueza civil y comercial del distrito Tartagal, María Eugenia Hernández Berni, luego de recibir en su despacho requerimientos por parte de un particular que solicitaba la intervención del juzgado a su cargo para trabar embargos de diversos bienes -sueldos, viviendas, vehículos particulares- de unas 40 personas a quienes el sujeto les había prestado dinero en efectivo con un interés anual de 310% y otras tasas de interés adicionales que obligaban a devolver un 400% más de lo que habían recibido.
Al encontrarse con decenas de demandas de la misma persona, solicitando el embargo de diversos bienes por el incumplimiento de quienes habían recibido dinero en efectivo de su parte, el 6 de junio pasado, la magistrada puso en conocimiento del Procurador general de la provincia esta situación, por lo que Pedro García Castiella dispuso que sea el fiscal Rafael Medina del distrito Norte Tartagal quien comience a investigar un posible hecho de usura e intermediación financiera en perjuicio de un número indeterminado de personas. Según elementos que obran en la causa a la que de forma exclusiva tuvo acceso El Tribuno, una joven que reside en Villa Saavedra había solicitado $1 millón pero debía devolver $4 millones; algo muy similar le sucedía al resto de las personas a las que el prestamista solicita que la justicia les embargue sus bienes.
Ante la inacción del agente fiscal, en septiembre la magistrada volvió a insistir ante el propio Rafael José Medina y le requirió informes sobre las medidas que esa fiscalía penal habría adoptado para investigar el hecho en cuestión (allanamiento en las oficinas del sujeto, secuestros de lo convenios suscriptos con los posibles damnificados, declaración de los mismos) a la vez que le adjuntó datos de las casi 40 personas a las que el prestamista pretende embargarle sus bienes mediando la intervención del juzgado a su cargo.
El Tribuno consultó con la jueza Hernández Berni, quien confirmó la información y explicó que espera «las medidas que adopte el fiscal que fue designado para que proceda en la investigación. Yo no soy jueza penal por eso no puedo investigar la comisión de un delito como es la usura, pero al encontrarme con 34 pedidos de embargos formulados por la misma persona, la que reconoce que presta dinero sin ser una financiera, cuando veo los intereses astronómicos sin punto de comparación con los que cobra cualquier entidad financiera o bancaria, y más aún si esto se publicita, consideré que puede tratarse de delitos contemplados en el Código Penal».
María Eugenia Hernádez Berni no desconoció «la situación actual que viven muchísimas familias que recurren a los prestamistas para comprar alimentos, medicamentos y que pueden perder su vivienda, su vehículo o cualquier bien que les ha llevado toda su vida conseguir porque pidieron un préstamo para abonar los servicios esenciales como luz, agua o gas. Sinceramente me llamó la atención tener tantos pedidos de embargos en mi escritorio por parte de la misma persona y es por eso que solicité la intervención a la justicia penal» explicó.
Hecho anterior
Meses atrás un grupo de cooperativistas que exigían obras por parte del municipio local revelaron el nombre y la dirección de la persona que les «cambia» los cheques que reciben del municipio de Tartagal _pero que en realidad son fondos provenientes de las arcas provinciales_ a un interés que llega hasta un 45% por cada valor; es decir si el cheque es de 10 millones de pesos solo les reconoce 5 millones y medio. A pesar de que la justicia conoce el nombre y el accionar del sujeto no hubo ninguna actuación.