En el marco de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias Legislativas Nacionales del próximo 12 de septiembre, la Dirección Nacional Electoral continúa con la capacitación de autoridades de mesa y la comunicación del protocolo a emplearse durante el acto eleccionario. El organismo clarificó sobre el detalle de las designaciones de autoridades y las posibles causales de excusación. Si un votante llega antes de la apertura de la mesa, sólo el Juzgado Federal puede designarlo como autoridad.


Según el Código Nacional Electoral, la designación prioriza a los electores que resulten de una selección aleatoria por medios informáticos donde se tienen en cuenta edad e instrucción educativa. El reglamentos exige, en el artículo 76, que presidente de mesa y suplente tienen la obligación de estar presentes en el momento de apertura y clausura del acto electoral, siendo misión velar por el correcto y normal desarrollo del mismo. Al reemplazarse entre sí, las autoridades dejarán constancia escrita de la hora en que toman y dejan el cargo.


De la misma manera, en caso de ausencias injustificada existe una sanción detallada por el artículo 132 de el código electoral. Éste especifica que: «se penará con prisión de seis meses a dos años a los funcionarios y a los electores designados para el desempeño de funciones que sin causa justificada dejen de concurrir al lugar donde deban cumplirlas o hicieren abandono de ellas». En el mismo sentido, el artículo 81 le da la potestad a la autoridad policial para que adopte «previsiones necesarias» para «el comparendo de los titulares al desempeño de sus funciones”. Es decir, la autoridad de fuerza de seguridad tiene facultad de ir hasta el domicilio y obligar a cumplir la función ordenada un juzgado federal electoral.


En el caso de de los que resulten designados y se excusen, deberán formularlo dentro de los tres días de notificados y únicamente podrán invocarse razones de enfermedad o de fuerza mayor debidamente justificadas. Para justificar la excepción por enfermedad, se deberá presentar un certificado extendido por médicos de sanidad nacional, provincial o municipal, en ese orden. Si la certificación es extendida por un médico particular, la Justicia podrá hacer verificar su exactitud.

Deja una respuesta